La violencia desatada en Arequipa tras la terquedad del Gobierno de presentarse ambiguo frente al conflicto por el proyecto minero Tía María, han despertado la condena internacional de varias instituciones y organizaciones a las que este martes se sumaron la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y Amnistía Internacional.
La oficina de la ONU a través de su Representante Regional, Amerigo Incalcaterra, condenó la muerte del ciudadano Ramón Colque y expresó sus condolencias y solidaridad a su familia, así como a las familias de los señores Victoriano Huayna, Henry Checlla y el policía Alberto Vásquez, víctimas fatales producto de las manifestaciones en contra del proyecto.
AMBAS ORGANIZACIONES CONDENARON EL USO DESMEDIDO DE LA FUERZA EN AREQUIPA.
Asimismo, instó al Estado peruano a realizar una pronta investigación, independiente y exhaustiva que permita identificar a los responsables de estas muertes, recordando además que el ejercicio de la protesta social es fundamental en el fortalecimiento de la democracia.
"El Estado peruano debe garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas y cuidar que el uso de la fuerza cumpla siempre con los estándares internacionales de derechos humanos, previniendo y eliminando cualquier exceso en el uso de esta. Por lo que llamó a las autoridades nacionales a que, en el marco del estado de emergencia decretado, el uso de la fuerza sea estrictamente proporcional y limitado", señaló a través de un comunicado.

GOBIERNO DEBE PERMITIR MANIFESTACIONES

Por su parte Guadalupe Marengo, directora adjunta del programa para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que las protestas planificadas deben ser permitidas para que puedan llevarse de manera pacífica y sin represión policial que desemboquen en enfrentamientos.
"Esta semana el mundo está mirando al gobierno peruano. Con más protestas planificadas en los siguientes días, las autoridades deben hacer todo lo que este a su alcance para permitir a las personas manifestarse de manera pacífica, sin miedo a sufrir lesiones o algo peor(...) las muertes (de las que ) hemos sido testigos son inaceptables y los responsables deben ser llevados ante justicia. El precio de las protestas sociales no debe ser la muerte de ninguna persona", expresó.
Asimismo recordó que las protestas no se iniciaron de la noche a la mañana y que por tanto el Gobierno de Ollanta Humala debió de prever las posibles reacciones ante la intransigencia de una empresa que insiste en llevar adelante un proyecto que la población rechaza.
"Estas protestas no se han producido de la nada. Las tensiones sobre este proyecto minero han estado latentes desde hace tiempo. Las autoridades peruanas debieron haber asegurado durante las primeras etapas del proyecto que las comunidades locales fueran consultadas, provistas de información detallada y se les debió permitir dar sus observaciones sobre el mismo (...) Estaremos observando de manera cuidadosa la actuación policial durante las protestas que se realizarán estos días y hacemos un llamado a las autoridades peruanas a hacer lo mismo. Las fuerzas de seguridad no deben hacer uso innecesario o excesivo de la fuerza bajo ningún motivo", concluye.

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