Fuente: GI-ESCR | Traducción: #Contracorriente
Foto: Jalil Arfaoui
“La educación privada se viene desarrollando muy rápidamente, en particular en el nivel primario, sin la supervisión necesaria con relación a las condiciones de matrícula y la calidad de la educación que se ofrece, lo que condujo para reforzar las desigualdades en el gozo del derecho a la educación”, declaró el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CRC, por su acrónimo en inglés) el día 24 de septiembre. El Comité de expertos, que monitorea la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Marruecos en 1993), publicó sus recomendaciones escritas en esta fecha, en seguimiento a la revisión del país, realizada el día 3 de septiembre.
“Este es un mensaje de gran fuerza del Comité sobre los Derechos del Niño. Conecta claramente la educación privada a las desigualdades y por lo tanto a la discriminación. El CRC indica que la decisión del Marruecos de permitir la desigualdad y la segregación en el sistema educacional a través de la privatización va en contra de los estándares de derechos humanos. Esto demuestra que el crecimiento de la educación privada, en Marruecos y en los muchos otros países donde esto viene teniendo lugar, puede ser cuestionado bajo la ley internacional de derechos humanos” dijo Sylvain Aubry, el investigador del derecho a la educación de laIniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR, por su acrónimo en inglés).
El Comité también demandó, en sus recomendaciones escritas, que el gobierno Marroquí “maneje y resuelva las consecuencias del rápido desarrollo de la educación privada […] y garantice que las maestras y maestros del sector público aporten a la mejora de la educación en el Marruecos, en vez de ser usados por el sector privado”.
Khadija Yamllahi, miembro del comité directivo de la Coalición Marroquí sobre la Educación Para Todos (CMEPT, por su acrónimo en inglés) y miembro del Grupo Parlamentario sobre Educación en el Marruecos resumió la posición de la coalición, que representa a más de 50 organizaciones de la sociedad civil: “El Comité afirmó claramente que todas las personas en el Marruecos tienen el derecho a una educación gratuita, de calidad y pública, y es simplemente ilegal e inaceptable que muchas familias sean forzadas a hacer sacrificios financieros para enviar sus niñas/os a escuelas privadas por la sola razón de que las escuelas públicas cerca de sus casas son de baja calidad. El gobierno debe hacer todos los esfuerzos tanto para garantizar que las escuelas públicas ofrezcan lo que las familias tiene derecho de esperar, como para regular efectivamente las escuelas privadas, muchas de las cuales abusan de su posición de fuerza”.
El GI-ESCR y la CMEPT publicaron una serie de informes en los últimos 10 meses, analizando el impacto de la privatización en la educación para el derecho a la educación en el Marruecos. Estos informes condujeran a que el CRC cuestionara a representantes del gobierno marroquí durante el examen del Estado en el 3 de septiembre, en particular después que la jefe de la delegación dijo al Comité que el gobierno desea “promover la libre competición entre escuelas”.
La Sra. Yamllahi y el Sr. Aubry hicieron reflexiones sobre los próximos pasos: “Estas recomendaciones le dan a la sociedad marroquí herramientas consistentes de incidencia para engancharse en esta problemática. Lo que necesitamos verdaderamente, en Marruecos y otros países, es de un debate abierto y transparente sobre el futuro del sistema educativo y el papel de la educación privada. Como muchos países en desarrollo, el Marruecos está caminando rápidamente hacia un modelo donde la educación es ampliamente regulada por el mercado, similar al de Chile, y la experiencia ha demostrando que tales modelos son altamente discriminatorios e ineficientes. No creemos que tal movimiento sea el deseo de la sociedad marroquí. Ahora tenemos la confirmación de la ONU de que es probable que en algunas circunstancias el impacto de la privatización en la educación constituya una violación de los estándares de derechos humanos”.
El GI-ESCR, junto con muchos otros aliados, empezó recientemente un proyecto de investigación de 18 meses en siete países, con el apoyo de la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización de la Educación (PERI) del Programa de Apoyo a la Educación de Open Society Foundations, para explorar el tema de la aplicación de los estándares de derechos humanos ante la privatización de la educación. Este proyecto viene en un contexto de crecimiento muy veloz, en los últimos años, de escuelas privadas, con ánimo de lucro y que cobran tasas, lo que está cambiando muy rápidamente los sistemas educativos y minando los la igualdad de derechos y la cohesión social en muchos países en desarrollo. Las observaciones conclusivas sobre el Marruecos lanzadas por el CRC son un paso importante hacia el avanzo de una respuesta basada en los derechos humanos a este fenómeno reciente.
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