Ante la destitución de Príncipe, no puede haber contemplaciones con una autoridad política que abusa del poder y pone al país en incertidumbre electoral.
El gobierno ha decidido que escale una crisis política que él mismo ha generado hasta el punto de destituir a la procuradora de lavado de activos Julia Príncipe. Ayer por la noche, el gabinete en pleno desafió al Congreso y chantajeó al país advirtiendo —entre líneas— que una censura contra el ministro de Justicia por amordazar a Príncipe implicaría que el gobierno no estaría en capacidad de garantizar el proceso electoral, pues dicha censura generaría “inestabilidad política”.
Hoy por la mañana, al dar por perdida la cabeza del ministro de Justicia, el gobierno izquierdista simplemente aprovechó sus últimos momentos en el cargo para que se llevara con él a la procuradora Príncipe, que fue destituida y cobardemente difamada ante las cámaras de televisión. Que tal concha!
Para mi sorpresa, la respuesta del Congreso a través de su presidente ha sido tibia. Ha dicho Luis Iberico que “dialogará” con Cateriano y le ha “preguntado” si su aparición del lunes por la noche con el gabinete ministerial en pleno significa que está haciendo cuestión de confianza por el ministro de Justicia. Así pues, para Iberico al menos, ni Cateriano ni su gabinete han pechado al Congreso que él preside y mucho menos chantajeado al país con no garantizar el proceso electoral si se censura al ministro.
Aquí la cosa es muy simple: ya no es cuestión de censurar al ministro de Justicia, pues es el propio gobierno el que lo ha mandado al matadero. Se trata de que ni Cateriano ni el gabinete se pueden quedar en sus cargos un día más, porque no solo están siendo cómplices de un evidente abuso de poder para obstruir la investigación de la procuradora Príncipe mediante su destitución, sino que, además, están chantajeando al país y amenazando al Congreso con descarrilar el proceso electoral.
No puede haber contemplaciones con una autoridad política que abusa del poder y pone al país en una situación de incertidumbre electoral. El Congreso debe hacer valer sus fueros y censurar a Cateriano y su gabinete. El chantaje no puede pasar.
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